La historia del ser humano está plagada de conversaciones ocultas, o como poco discretas. No es ningún secreto que los secretos políticos deben circular por canales que no sean públicos. Si lo fueran, perderían buena parte de su razón de ser y de su utilidad. Los períodos de negociación entre posturas radicales y encontradas más documentados se encuentran en la historia de los últimos 500 años. Sobrarían los ejemplos. Imaginemos sólo un instante si los procesos de desmontaje del apartheid sudafricano, la pacificación del Ulster, o los finalmente infructuosos Acuerdos de Oslo entre Israel y los palestinos, no se hubiesen llevado en secreto.

Como se ve, no me refiero sólo a las guerras. Si ellas son la práctica política extrema, hay muchas situaciones (terrorismo, nacionalismo, crimen organizado, conflictos religiosos) en las que las posturas enfrentadas necesitan ponerse de acuerdo en unos mínimos, porque algunas personas lúcidas llegan a la convicción de que de seguir por la misma senda, todo seguirá igual, y todos seguirán perdiendo; y aunque unos siempre pierden más que los otros, todo eso se acaba verificando mucho tiempo después, cuando ya hay demasiadas cosas que lamentar.

El problema de ciertos conflictos es la cantidad de emociones radicales que suscitan y supuran, sobre todo las que tienen que ver con el odio, el rencor, expresión última del dolor acumulado durante décadas. Es muy difícil reconducir las posturas, porque después de tanto enfrentamiento, opresión e incluso en muchos casos muertos y desaparecidos, todo lo que suene a negociación, a diálogo, a acuerdo, acaba por ser calificado de debilidad, de concesión, de pérdida. Racionalmente, es una estupidez, claro, pero aquí el raciocinio interviene poco, y son los sentimientos los que marcan las hojas de ruta. Por eso, todo intento de negociación, de diálogo, de acuerdo, debe llevarse en secreto. Si no, el proceso sería torpedeado desde ambas partes. Los maximalistas abundan en todos los frentes.

Este largo exordio viene a cuento de la noticia del día, tan cacareada y publicitada, precisamente para generar tiempo para que la sociedad pueda comerse otro “trágala” sin demasiados inconvenientes: el indulto a los políticos presos por el conflicto catalán -el procés-, exacerbado desde 2006, y que reventó de nuevo en 2017 (conviene recordar otros reventones precedentes, el más próximo en 1934, también frente a una legalidad democrática, en este caso republicana). Las medidas tomadas hoy supondrán exonerar de las penas de cárcel que el sistema judicial impuso a quienes tuvieron comportamientos que incumplieron con claridad la legalidad vigente, en defensa de unos derechos que según la parte afectada les son negados reiteradamente. Quiere esto decir que unos cuantos políticos fueron condenados por altos tribunales por incumplir las leyes que habían jurado o prometido acatar y hacer respetar. No se juzgaron sus ideas, sino su actividad cabecilla de unos comportamientos sediciosos, intolerables en cargos de tan alta responsabilidad estatal y autonómica.

La figura del indulto está contemplada jurídicamente en cualquier estado desarrollado, como el nuestro. Implica perdón. Implica gracia. Implica conceder oportunidades. Puede suponer el intento de acercamiento tras un alejamiento excesivo. Pero puede implicar también que acabe pareciendo barato delinquir de determinadas maneras. Supone también unas determinadas condiciones. Y ahí es donde está el intríngulis del asunto actual, porque las partes que serán indultadas han dejado claro, al menos públicamente, que seguirán intentando lo mismo desde su reconquistada libertad. De modo que lo que todo indulto debería implicar a cambio, que es una promesa de actuación diferente (lo que de pequeños nos enseñaron como propósito de enmienda), debería quedar bien clarificado para que se pudieran conceder sin sospechas de ningún tipo.

No ha sido el caso. De ahí que tanta gente esté muy rebotada con una posición tan “chulesca”, “contumaz”, “provocadora” por parte de los agraciados. De ahí que tanta gente esté muy rebotada con una actitud del gobierno español liderado por Pedro Sánchez, a la que califican de “vendepatrias”, “compralegislaturas”, y otras lindezas peores.

No voy a exponer del todo mi opinión sobre este particular, pero sí voy a adelantar una teoría que me lleva rondando varios días, y que es posible que acierte en su predicción. Mi idea me lleva a pensar que hay conversaciones secretas tendentes a evitar nuevos choques de trenes (la causa de por qué se llevan a cabo pueden ser de miras altas —solución definitiva del problema catalán—, o bajas —mantener sereno el “patio” hasta que termine la legislatura. Que haya conversaciones secretas permite que ambas partes puedan seguir diciendo en público lo mismo sin ser tachados de partidistas por un lado, o de botiflers, por otro. De ahí que los políticos catalanistas no se apeen un ápice de sus críticas, sus exigencias y sus provocaciones, y parezca que los indultos van a salir “gratis”, lo que supondría una humillación para los que no pensamos como ellos, empezando por el Estado y terminando por el último catalán que no desee la independencia de Cataluña. Los independentistas se deben a su parroquia, muy atenta a cualquier desviación de la hoja de ruta establecida. Por eso, mientras se negocia en otro lado -como se hizo en la transición, con los líderes de los partidos aún ilegales; como se hizo con ETA en varias ocasiones, hasta el arreón final- los medios públicos siguen mostrando las mismas soflamas y la parte minoritaria del conflicto puede justificar su trayectoria frente a sus correligionarios.

Quiero creer que esto es lo que ahora está sucediendo. Y espero que el tiempo me conceda la razón. Porque, de no ser así, se estaría cometiendo un error de tal calibre que las consecuencias derivadas del mismo supondría muchos años y muchas vidas políticas, dedicadas casi en exclusiva a evaluar y restañar semejante dislate.