Los hechos van por un lado, y son los que pueden ser juzgados. Las ideas, hasta que se concreten, sólo pueden ser discutidas, matizadas, enriquecidas, destruidas, absorbidas, reconvertidas. No juzgamos las ideas en este momento. Juzgamos los actos, los hechos. Aquellos a los que me refiero tuvieron lugar hoy en el Congreso de los Diputados, si bien ejemplos similares ya han tenido lugar, con mayor frecuencia de la que hubiéramos imaginado en el peor de los escenarios.
En ceremonia solemne, aunque sobria, si se compara con la aparatosidad de otras cortes, la heredera del Reino de España, la Princesa de Asturias Leonor de Borbón, ha jurado la Constitución española, al cumplir 18 años, y por tanto alcanzar la mayoría de edad. Es un acto protocolario, de bajo perfil, necesario desde el punto de vista jurídico para que la figura de la princesa aún adolescente, algún día, pueda alcanzar la categoría de reina, según el procedimiento sucesorio establecido en la Carta Magna. Si no jura o promete cuanto en la Constitución se prescribe, no puede convertirse en la máxima autoridad del Estado. Hoy lo ha hecho, por lo que queda habilitada para dicha función, si más adelante procede y no hay nada que lo impida.
A dicho acto asisten multitud de autoridades, a cuya cabeza figuran el Gobierno del Estado, los Diputados del Congreso y los Senadores, además de presidentes de las Comunidades Autónomas, miembros del Ejército, cargos eclesiásticos, etc. Pues bien, en los actos de hoy se han desmarcado de la normalidad tres ministros del Gobierno (dos de Podemos -Ione Belarra e Irene Montero- y uno de IU -Baltasar Garzón- y 54 diputados y senadores de partidos (Sumar, Junts, ERC, EH Bildu, PNV y BNG) pertenecientes todos a la alianza que están armando con el PSOE para procurar la continuidad del bloque gubernamental en una nueva legislatura. Y se han desmarcado no asistiendo al acto. Lo explican diciendo que lo hacen para no “perpetuar” ni “blanquear” a la monarquía. Y lo llevan a cabo con la desvergüenza propia de quien se apropia de las reglas de juego para participar en él, pero con la indisimulada esperanza de destruir dichas reglas algún día.
Me parece una actitud despreciable. Pero, sobre todo, la de las dos ministras y el ministro que, aun estando en funciones, forman parte del Gobierno del Estado, y, como tales, tienen una serie de obligaciones en sus funciones que no se pueden soslayar aunque la ideología choque frontalmente. Si se aceptó el cargo de ministro o ministra de un gobierno de España, es con unas consecuencias. Y una de ellas es saber comportarse como una persona adulta comprometida con unos deberes inherentes al cargo, independientemente de que les pueda horrorizar lo que representa. Aunque si tanto les molesta todo cuanto la monarquía parlamentaria comporta, lo que es muy legítimo, no deberían participar en cargos de responsabilidad. Y el resto de boicoteadores, que aún tendrían una mínima justificación por su actitud, al no formar parte de quien dirige el país, tampoco deberían cobrar por unos cargos -pagados por todos los españoles- que no saben mantener con la suficiente dignidad.
Esa actitud infantil o adolescente de provocación, pataleo y de exigir derechos sin asumir deberes es propia de sinvergüenzas que usan la política como palanca para otros medros. Como dicha actitud no tiene consecuencias en sus actuantes, es muy probable que suba de intensidad conforme pasan los años. Todo lo cual revela de nuevo que los políticos actuales son los menos capacitados de toda la historia de la democracia nuestro país. Un régimen que es muy reciente, que ha permitido la modernización y puesta al día de un país secularmente atrasado, y que fue recuperado por el pueblo español, bien guiado por el titular de una también recuperada monarquía, Juan Carlos I, antes de que sus propios despropósitos lo alejaran del trono que supo recuperar e incluso legitimar.