Las leyes electorales existentes hoy día en las democracias son un instrumento tan corrupto como el sistema que las fundamenta. Fueron creadas para permitir la gobernabilidad, dicen. Pero sabemos bien que se elaboraron de ese modo para diluir la capacidad de decisión de los ciudadanos, a quienes siempre se ve como niños incapaces de elegir con tino, y a quienes hay que dirigir para llevarlos por el camino recto. Pero insisto: para diluirla, sí, para difuminar con recorridos indirectos lo que piensa la totalidad de los votantes.

Los partidos con más fuerza y capacidad para llevar a cabo las modificaciones pertinentes, no quieren cambiarlas. Algunos dicen que sí desean dicho cambio, pero sólo son quienes aún no están en el poder. Si lo estuvieran, tampoco querrían, porque el objetivo de los partidos políticos, no se olvide, es conseguir el poder. Una vez lograda dicha meta, las circunstancias cambian siempre de manera milagrosa, y donde dije “digo”, digo “Diego”. O, en registro soez, “prometer hasta meter, y una vez metido, nada de lo prometido”. Los partidos políticos gobernantes no gobiernan para los ciudadanos (pues no confían en ellos), sino para perpetuarse en el poder, que es quien los alimenta y es su verdadera razón de ser, ya que sin él la mayoría no sería nada.

La prueba de que no confían en lo que los pueblos deciden con libertad en las urnas es la serie de batacazos sorpresivos que se han llevado algunos gobiernos en los últimos tiempos al convocar referéndums, único tipo de votación en la que cada voto vale por un voto, y refleja lo que piensa cada votante. Los realizados en Islandia, en Colombia, en Gran Bretaña han supuesto un tiro en el pie -casi literal- para cada uno de los gobiernos convocantes. ¿Por qué? Porque los resultados fueron por completo adversos para ellos. Es decir, que preguntaron, creyendo que sería sí, y el pueblo les contestó que no, o al revés. De modo que hay que tener mucho ojo con cómo se pregunta a las personas, con qué frecuencia, con qué proporción.

Lo que sucede en España a la hora de votar es una vergüenza inadmisible, no demasiado diferente de lo que pasa en otros países del entorno “civilizado” en que nos ufanamos de pertenecer. Circunscripciones provinciales desproporcionadas, circunscripciones autonómicas disímiles, desajustes entre ciudades y pueblos, y una ley electoral disparatada que ya no se sostiene en modo alguno. Un ejemplo bastará. En las recientes elecciones catalanas, los partidos no independentistas obtuvieron 2.228.421 votos (52,1 %) y 65 escaños, mientras que los independentistas, 2.079.340 votos (47,5 %), lo que les otorgó 70 escaños, dos más de los necesarios para la mayoría absoluta. O sea, 4,6 % de votos menos dan 5 escaños más. Es sólo el ejemplo más reciente. La vergüenza más reciente. Sólo quienes siguen en el poder pueden pretender mantener las cosas como están. Por eso hay que echarlos.