En las comunidades donde coexistan varias lenguas, lo ideal sería que ninguna predominara, es decir, que ninguna fuera oficial, y que los individuos se expresaran en la que les resultase más útil: al fin y al cabo las lenguas son instrumentos para comunicarse. Esto, sin embargo, no se da nunca. Entonces, se pasa al tema de las cooficialidades.

Pero la cooficialidad no resuelve necesidades, sino que las crea. Una de ellas, y no menor, es que obliga a los empleados del sector público a aprender dichas lenguas. Otra, la rotulación doble en carteles, calles, carreteras, etc. Por lo que una lengua debería bastar para desenvolverse en la vida pública.

La cooficialidad no repara injusticias. Las que tuvieron lugar en el pasado contra determinadas personas no se pueden reparar en el presente; aparte de que sería muy resbaladizo cuantificar y calificar dichas injusticias, en un asunto donde las emociones y lo subjetivo priman.

La cooficialidad no protege a las lenguas minoritarias, pues no promueve su uso fuera del ámbito administrativo, ya que no puede prescribirla.

La cooficialidad, sin embargo, sí favorece a los nacionalismos. Cuando no gobiernan, encuentran en las normativas miles de agravios que reprochar a quienes están en el poder. Cuando gobiernan ellos, sirve de palanca para imponer obligaciones y restricciones al conjunto de la población, a más de propiciar un clientelismo social, político y económico dependiente de las arcas públicas.

La estrategia nacionalista comienza desde la oposición exigiendo lo “razonable” (atención a la lengua, derechos de sus hablantes, enseñanza en dicha lengua, etc.) para terminar, desde el gobierno, imponiendo a toda la población el deber de escolarizarse en la lengua oficial y exigiendo su conocimiento y dominio a cualquiera que aspire a un puesto en la administración pública.

Resumen extractado del artículo “Agravios y desacordes” de Jon Juaristi, en El Cultural, 19-XI-2021