Antes de ir a votar, hago una última reflexión desde el más puro escepticismo que, pese a todo, no me aleja por completo del sistema. Repaso cuanto han supuesto estos últimos años (no sólo los cuatro de este infausto gobierno) de crisis, de reajustes en el día a día, de impotencia creciente, de rebajas en los derechos, de desigualdad progresiva, de impunidades insultantes. Mientras me duchaba, pensaba en cómo reducir todo ese cúmulo de sensaciones. Cuando me vestía, lo vi algo más claro.
Esta no ha sido, ni es, una crisis de esencia económica. Es una manifestación perfectamente orquestada por unos poderes a quienes no podemos elegir, pero a los que, caso de que pudiéramos hacerlo, daría igual, pues nuestra opinión sólo se tiene en cuenta una vez cada 3 ó 4 años. Es, sobre todo, una crisis de decencia. Tampoco ha sido una crisis donde todo el sistema haya fallado estrepitosamente, pero ha quedado bien a las claras que no cuenta con medios suficientes para defender a los ciudadanos de todas las tropelías que se han edificado contra ellos. Es, por tanto, una crisis de las prioridades que la gobernanza debiera poseer. Por último, tampoco ha supuesto una variación de los valores que con anterioridad habíamos experimentado en esta imperfecta democracia: lo que se ha dado es una reducción drástica y un enmascaramiento consumista de los mismos. Por ello, es también una crisis de valores y esencias (en las que -aquí sí- todos hemos sido cómplices).
Hay que solucionar, pues, dos problemas gravísimos, previos a la solución del que todos demandan -pese a todo- en primer lugar (el económico, monetario, laboral, etc.). La indecencia de nuestros gobernantes (y su impunidad manifiesta, a continuación), la insuficiencia de elementos preventivos y coercitivos que desanimen a los golfos apandadores (y su impunidad manifiesta, a continuación). Y, claro, la necesidad acuciante de dinero y de su adecuada redistribución social.
Todo ello se lograría con facilidad si la categoría moral y personal de nuestros políticos fuese la que se le debiera exigir a quienes debieran ser servidores públicos. Si las unidades de control fiscal fueran ampliadas a gran escala, y respaldadas y azuzadas conforme los nuevos tiempos requieren. Si la legislación se transformara radicalmente para hacer insoportable a los corruptos la comisión de cualquier corruptela y poder extirpar la impunidad que hemos observado hasta el hartazgo. Si el poder judicial adquiriese de verdad su no-dependencia de los otros dos poderes, y, además, viese incrementada extraordinariamente su dotación en medios humanos y materiales. Si la exigencia de responsabilidades a quienes tienen a su cargo dineros públicos tuviera graves consecuencias si se realiza una gestión ineficaz o delictiva. Y si, por último, las personas que han sido timadas en cualquiera de las variantes que estos años nos han mostrado con singular crudeza, evaporen su aparente masoquismo, y voten en conciencia contra quienes les prometieron A y les aplicaron Z.
Todo ello se resumiría una necesidad perentoria de decencia y categoría moral. Si se tiene en cuenta lo que estas dos categorías ha ocupado a los candidatos estos días de campaña, ¿se comprende ahora mejor la palabra “escepticismo” con que abría esta entrada?
